La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) ordenó retirar decodificadores de televisión para abonados de la empresa Claro, instalados en hogares junto a antenas para ofrecer a modo de prueba el servicio satelital, tal como lo hace en la actualidad de forma exclusiva la empresa DirecTV. Tras constatar que la firma de origen mexicano había empezado a colocar los aparatos en casas de Ciudad de la Costa (Canelones) y Pocitos (Montevideo), y de confirmar que se trataba de decodificadores ingresados de forma ilegal al país, el organismo del Poder Ejecutivo decidió impedir el avance del plan piloto.
Esta semana, funcionarios de la Ursec habían ido a un domicilio en el balneario San José de Carrasco, en Ciudad de la Costa, pero el dueño de casa les impidió el ingreso. Ayer jueves, dos funcionarios de la Ursec junto a un policía fueron otra vez a tocar timbre a la misma casa que tiene el servicio instalado, pero no encontraron a nadie, según pudo constatar El Observador. Horas más tarde, volvieron con un cerrajero y con orden judicial de allanamiento, informó a El Observador el presidente de la Ursec, Gabriel Lombide. El allanamiento de todas formas no se concretó y se programó para hoy.
En el techo de la casa se ve la antena pintada de rojo con el nombre y logo de la empresa telefónica, como se ve en la foto.
Lombide aseguró que los decodificadores de Claro entraron al país de forma ilegal, y por eso la Ursec tiene potestad de proceder a su decomiso. Una fuente oficial explicó a El Observador que la empresa pudo ingresar los aparatos bajo otra figura de importación en los trámites aduaneros, que no era la indicada para ese tipo de material. Según Lombide, la empresa asegura que hubo un “error” en ese trámite.
El Observador consultó ayer a Horacio Alvarellos, director general de Claro Uruguay, pero prefirió no hacer comentarios acerca del tema.
Claro había anunciado en una nota enviada el 5 de enero al presidente de la Ursec que empezaría a desplegar su proyecto, tras concluir que la Justicia le dio la razón y la resolución inicial que impidió la puesta en marcha de su proyecto había caído.
Claro TV, como se había presentado años atrás, daría servicio por la modalidad satelital directo a los hogares con alcance nacional. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la firma de origen mexicano que opera en Uruguay en el mercado de la telefonía móvil, recibió la habilitación del Poder Ejecutivo, pero antes de culminar el período esa resolución fue revocada. Se inició allí una maratónica lucha jurídica que llevó el caso a tribunales. Mientras tanto, Claro TV no pudo empezar a vender el servicio. Ahora, según dice la empresa en la carta dirigida a la Ursec que tiene fecha 5 de enero de 2015 –y a la que accedió El Observador–, la impugnación se suspende y, por lo tanto, la resolución original toma vigencia. La empresa solicitó además a la Ursec que la incluya en el registro de prestadores de servicio de televisión para abonados por la modalidad satelital directo al hogar.
La Ursec y el Ministerio de Industria entienden lo contrario, y por ello se mantienen sin dar la habilitación final a la empresa. Además, el Poder Ejecutivo interpreta que la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como ley de medios (artículo 56), impide a empresas telefónicas dar a la vez servicios de televisión a hogares. De todos modos existe una duda entre los jerarcas. Lombide aseguró días atrás a El Observador que ese impedimento dado por la ley de medios todavía no es contundente, puesto que se deben despejar dudas acerca de las fechas y entradas en vigencia tanto de la ley como de las resoluciones de la Justicia.
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