Ninguno de los tres canales privados que operan desde hace décadas las señales de televisión abierta (4, 10 y 12) se presentará al llamado para obtener una señal de televisión digital que promueve el Poder Ejecutivo, y cuyo plazo vence el próximo lunes 8 de julio. Así lo confirmaron a El Observador fuentes de dos de las empresas. Lo ratificó, además, otra fuente oficial, en tanto que operadores del gobierno reconocieron a El Observador estar al tanto de esa intención de las empresas.
Emisarios del gobierno tienen previstos encuentros con los canales actuales en el correr de esta semana para intentar convencerlos, aunque no tienen previsto suspender el llamado como ellos pretenden.
Hasta el próximo viernes 5 de julio a las 15.30 horas hay tiempo para que los interesados en participar del llamado compren los pliegos.
Ayer, según comprobó El Observador, ninguna de las tres empresas que administran los canales compró el pliego de bases y condiciones. Ese documento, que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) lo entrega con una carpeta forrada en símil cuero con la inscripción “Llamado a interesados, servicio de radiodifusión de televisión digital comercial, departamento de Montevideo”, tiene un costo de $ 77.650.
Si los canales 4, 10 y 12 no se presentan, podrán seguir emitiendo sus señales en formato analógico por aire hasta el 21 de noviembre de 2015, cuando se concretará el apagón analógico. Luego de esa fecha, podrán utilizar una señal de televisión digital en definición estándar (SD), manteniendo las características técnicas de su señal analógica actual, según lo establece el decreto 153/12 de mayo de 2012. Así, con un sexto canal (por fuera de los cinco que incluye el llamado actual) las tres empresas actuales podrán seguir emitiendo, aunque con grandes desventajas comparativas con los privados que obtengan señales digitales. Esa autorización, según dice el mismo decreto, será “precaria y revocable”.
Además, sus señales –incluso en formato de alta definición– se podrán seguir emitiendo sin cambios en el servicio de televisión para abonados. Según los últimos datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), en base al relevamiento de la Encuesta Continua de Hogares, 60% de las familias de todo el país tienen contratado un servicio de televisión para abonados y la gran mayoría incluyen en su grilla a los canales 4, 10 y 12.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, dijo que si los canales privados no se presentan al llamado, el gobierno puede otorgar las cinco señales a los demás privados que compitan. En entrevista con La Diaria, el secretario de Estado recordó que el gobierno tuvo “conversaciones” con esas empresas y otras interesadas en participar del llamado. “En líneas generales lo seguimos con atención, pero no tenemos una preocupación especial”, aseguró cuando le preguntaron en ese reportaje si estaba “preocupado” por la posibilidad de que los tres canales actuales no se presenten.
Hasta ayer, seis empresas privadas compraron el pliego de bases y condiciones: la productora OZ Media, que se presenta en consorcio con la editorial Bla; la cooperativa que administra el periódico La Diaria; la sociedad anónima propietaria de la radio Océano FM; el canal de cable VTV, que está vinculada con la empresa Tenfield; el expropietario del diario La República, Federico Fasano; y la sociedad anónima Jolower, que compró el pliego por medio de un estudio jurídico.
Todos los gobiernos democráticos han tenido una relación estrecha con las familias que administran señales de televisión abierta. Ese vínculo, cercano a veces, pero respetuoso siempre, tuvo ejemplos concretos de concesiones, y cambio de decisiones ante la presión de los empresarios. Incluso en el gobierno de la izquierda (ver apunte). El presidente José Mujica, de hecho, ostenta su lazo con al menos una de las familias.
Los canales actuales mantienen también serios reparos con el proyecto de ley referente a los medios audiovisuales, más conocida como ley de medios. En un análisis del articulado que presentaron a empresarios y referentes políticos de todos los partidos, las empresas de los canales privados aseguran que la iniciativa del gobierno busca “debilitar” y “afectar la libertad e independencia de los medios”. Una fuente cercana a una de las empresas dijo ayer a El Observador que el proyecto de ley de medios es un “sablazo” para su negocio.
Según los cálculos realizados por técnicos de los canales actuales, esas sanciones económicas por incumplimientos de los establecido en la ley de medios podrían llegar hasta US$ 1 millón.
Algunas concesiones a las tres empresas
Los gobiernos de izquierda también han mantenido una relación estrecha con las familias que administran los canales. A modo de ejemplo, Tabaré Vázquez le quitó a Multicanal (Grupo Clarín) beneficios operativos en 2006 que había otorgado meses antes, decisión que redunda directamente en los intereses de los canales y sus negocios paralelos. José Mujica, por su parte, cedió a presiones y postergó la puesta en marcha del llamado para otorgar señales de televisión digital. En 2012, Mujica firmó un decreto que limita más aún el negocio de Cablevisión. Acotó también el márgen de DirecTV para operar al limitar los cableoperadores al 25% del mercado
FUENTE DIARIO EL OBSERVADOR
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